El Gobierno sabía que se preparaba una sublevación, pero no actuó, y eso fue suficiente para que comenzase la Guerra Civil Española.
El verano de 1936 empezó con un murmullo que nadie quería escuchar. El Gobierno de Santiago Casares Quiroga recibía telegramas descifrados, informes de la Guardia de Asalto, denuncias de gobernadores civiles y advertencias de diplomáticos. Todos coincidían: un sector decisivo del Ejército preparaba un alzamiento. Desde el norte de África llegaban noticias de maniobras sospechosas del Tercio. En Pamplona, el general Emilio Mola distribuía los fusiles que necesitaban los requetés carlistas para tomar los puentes del Ebro. En Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano se movía con la discreción de un conspirador. Y en las Islas Canarias, Francisco Franco calculaba la ventaja propagandística de retrasar su adhesión un par de días para al final aparecer como salvador de la causa.
Casares Quiroga lo sabía todo pero decidió esperar. No se trataba de indolencia: confiaba en un razonamiento que a él le parecía irrebatible. Cuatro años antes, en 1932, otro general –José Sanjurjo– se había levantado y había fracasado. La lealtad de la Guardia Civil y la intervención de unos cuantos oficiales republicanos bastaron para sofocar aquella intentona.
Primero, Casares supuso que el Estado conservaba intacta la obediencia del Ejército peninsular. Segundo, creyó que la violencia política no había erosionado la autoridad moral del Gobierno. Y tercero, confió en que la izquierda obrera cerraría filas tras la legalidad republicana en vez de aprovechar el tumulto para ensayar una revolución. Ninguna de las tres premisas resultó cierta.
El diario Ahora publicó el 14 de julio un editorial en el que sugería a los lectores «mantener la serenidad» porque, de producirse la intentona, el Gobierno la aplastaría. Dos noches antes, pistoleros falangistas habían asesinado al teniente de Asalto José del Castillo, instructor de las milicias socialistas. La respuesta llegó de inmediato: un comando de guardias y militantes del PSOE secuestró al diputado monárquico José Calvo Sotelo y lo mató de un tiro en la nuca.
Mientras tanto, la Comunión Tradicionalista movilizaba a miles de campesinos navarros, armados con los viejos fusiles de la guerra del Rif. Falange Española, pese al encarcelamiento de su jefe José Antonio Primo de Rivera, aumentaba sus células juveniles reclutando universitarios que nunca habían usado un arma. En junio, emisarios carlistas consiguieron en Roma la promesa de una flotilla de aviones de transporte italianos. Y en Berlín, Wilhelm Canaris, al frente de la Abwehr, trazaba la ruta aérea que uniría Tetuán con Sevilla en apenas cuarenta y ocho horas.
La tarde del 17 se supo de una noticia: “Incidentes de disciplina en las tropas africanistas” dijo la agencia Fabra. Al día siguiente, el Gobierno supo que todo el Protectorado había pasado al mando rebelde. El ministro de Marina ordenó a la escuadra fondeada en Cartagena que pusiera rumbo al Estrecho para impedir el traslado del Ejército de África. Pero la cadena de mando naval se rompió: muchos oficiales simpatizaban con los sublevados y fueron encarcelados por sus propias tripulaciones; otros quedaron a la espera de órdenes contradictorias que nunca llegaron.
En Sevilla, Queipo de Llano tomó la Capitanía General, detuvo al comandante de la plaza y se apoderó de Radio Sevilla, desde donde empezó a arengar a sus simpatizantes. En Pamplona, el general Mola hizo desfilar a miles de requetés ante el arzobispo, que los bendijo antes de que partieran hacia los puertos vascos. Zaragoza cayó al cabo de unas horas: la alianza entre el Ejército y las milicias carlistas se impuso sin apenas resistencia, Burgos, Valladolid y Salamanca siguieron el mismo camino. En cambio, Barcelona resistió: el general Goded, desembarcado desde Mallorca para encabezar la rebelión, quedó cercado con sus hombres en el edificio de la Capitanía y tuvo que rendirse a los pocos días. Madrid también contuvo la embestida: la Guardia de Asalto, la mayoría de la Guardia Civil y decenas de miles de obreros armados bloquearon los cuarteles de la Montaña y de Campamento.
El golpe fracasó en su objetivo de dominar la capital en 48 horas, pero tampoco fue derrotado. Once millones de habitantes quedaron bajo la autoridad de la recién creada Junta de Defensa Nacional, con sede inicial en Burgos; quince millones permanecieron leales a la República. Esa fisura transformó un pronunciamiento clásico en una guerra civil que iba a consumir al país. Los conspiradores habían calculado, como mínimo, la posibilidad de una contienda prolongada.
La respuesta del Gobierno se desenvolvió entre la torpeza y la improvisación. La madrugada del 19, Casares Quiroga firmó un decreto que disolvía todas las unidades comprometidas con la sublevación y licenciaba a sus soldados. La medida pretendía vaciar al enemigo de tropa; en la práctica, dejó sin marco legal a miles de militares leales y permitió a los rebeldes reciclar su discurso: ya no eran parte del viejo Ejército, sino de uno nuevo, «nacional», al servicio de la patria traicionada. Manuel Azaña intentó entonces un último gesto de concordia y encargó a Diego Martínez Barrio que formara un gabinete de unidad con figuras de centro‑derecha. Martínez Barrio telefoneó personalmente a Mola para proponer un alto el fuego y recibió una respuesta negativa.
Después, Azaña llamó a José Giral, que aceptó encabezar un Gobierno de guerra y autorizó la entrega de armamento a los sindicatos. Aquella medida necesaria para defender Madrid y Barcelona, desencadenó en otros puntos una revolución social espontánea. Comités de defensa obreros ocuparon fábricas, incautaron tierras, abrieron cajas de ahorro, ajusticiaron a terratenientes y curas sospechosos de simpatizar con el enemigo.
A finales de julio, los sublevados controlaban la mayor parte del cereal castellano, los yacimientos de hierro del norte y las minas de carbón de León; contaban con las tropas más curtidas –la Legión y los Regulares– y recibían aviones y cañones de Hitler y Mussolini. La República conservaba las grandes ciudades industriales, la mayor parte de la flota de guerra, las reservas de oro del Banco de España y un apoyo obrero capaz de movilizar medio millón de combatientes en pocas semanas. Ninguno de los dos disponía de fuerza suficiente para un golpe definitivo.
