Antes de los frentes, vino el miedo: en el verano de 1936, el terror se convirtió en sistema político en ambos bandos.
La Guerra Civil Española no comenzó con grandes batallas ni ejércitos formados en los campos, comenzó con ejecuciones. Desde las primeras horas tras el fracaso parcial del golpe, ambos bandos recurrieron al terror como forma de control y como advertencia a cualquier disidencia. En la zona sublevada las órdenes eran claras: eliminar a los dirigentes políticos, sindicales y culturales vinculados a la izquierda, tanto si habían ofrecido resistencia como si no. La represión, en palabras del general Mola, debía ser “ejemplar”, no se trataba de castigar delitos, sino de erradicar ideas.
En muchos pueblos de Castilla y Andalucía, el avance rebelde se acompañó de fusilamientos masivos en plazas y cementerios. Los eclesiásticos legitimaron esa violencia: obispos y párrocos celebraban misas por “los caídos por Dios y por España”, mientras callaban ante la sangre que aún manchaba los patios de sus iglesias convertidas en centros de detención. En Sevilla, Queipo de Llano no solo toleró las ejecuciones, sino que las promocionó desde el micrófono de Radio Sevilla, con discursos que mezclaban sadismo, chistes y odio de clase. Su voz se convirtió en símbolo del terror franquista inicial: una violencia no solo planificada, sino celebrada.
La represión fue especialmente brutal en las zonas rurales, en Badajoz, la toma de la ciudad por parte de Yagüe y sus legionarios dejó miles de muertos: los cuerpos se apilaron en la plaza de toros, convertida en fosa común improvisada. En Galicia, donde no hubo frente militar activo, el terror se aplicó con particular impunidad: más de 4.000 personas fueron ejecutadas sin juicio durante los primeros meses de la guerra. En León y Zamora, las purgas fueron dirigidas directamente por gobernadores civiles puestos por los militares.
Del lado republicano, el terror también apareció, aunque distinto: más caótico, más espontáneo y menos jerarquizado, pero no menos devastador. Tras el fracaso del golpe en Madrid y Barcelona, el poder quedó en manos de comités obreros, milicias anarquistas y agrupaciones del Frente Popular que comenzaron una revolución paralela a la guerra. La legalidad republicana fue sustituida en muchos casos por “justicia revolucionaria”, que en realidad fue venganza desatada. Los principales objetivos fueron curas, religiosos, propietarios rurales, empresarios, miembros de la Falange y cualquiera sospechoso de simpatizar con la derecha. Se incendiaron conventos, se destruyeron archivos parroquiales y se asesinaron sacerdotes sin otro juicio que la sospecha.
Es importante destacar, como hace Santos Juliá, que el terror republicano no fue impulsado desde el Estado, sino que el Estado fue sobrepasado por la violencia. El Gobierno de José Giral intentó frenar las matanzas, pero carecía de control efectivo sobre los grupos armados, las órdenes de investigación eran ignoradas, los fiscales eran desbordados y muchos miembros de las fuerzas del orden se sumaron directamente a los comités revolucionarios. Pero el resultado fue igualmente terrible: decenas de miles de víctimas en semanas y una población civil atrapada entre el miedo y la sospecha. Un elemento especialmente dramático de este periodo fue la represión cultural e intelectual, en la zona franquista, escritores, periodistas, maestros y músicos fueron asesinados por su influencia pública. El caso más emblemático es el de Federico García Lorca, fusilado en Granada sin juicio, y cuyo cadáver nunca fue hallado. Su muerte simboliza la voluntad de eliminar no solo enemigos políticos, sino también voces críticas del alma nacional.
En el lado republicano también hubo asesinatos de intelectuales, aunque de menor escala. José María Albiñana, filósofo y diputado de la derecha, fue ejecutado en Madrid. El verano de 1936 dejó, según cálculos de historiadores como Juliá y Reig Tapia, más de 50.000 muertos. Santos Juliá insiste en una idea clave: el terror no fue una desviación, sino una forma de gobernar desde el miedo, de consolidar el poder mediante la eliminación del otro. En julio y agosto de 1936, España dejó de ser un país dividido para convertirse en dos zonas donde la muerte era argumento político.
